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Debate Cultural Internacional

Protección y promoción de la diversidad cultural

Está generalmente aceptado, al menos a nivel conceptual y en los regímenes democráticos, el principio de respeto/protección de la diversidad cultural, al igual que en el ámbito del medioambiente lo está el de la protección de la biodiversidad. Sin embargo, su desarrollo es otra cuestión, ya que supone efectos jurídicos, económicos y políticos. Y es precisamente el debate en torno a estos tres puntos un asunto central de todos los foros culturales internacionales (Unesco, Unión Europea, Comunidad Europea, Iberoamérica y otras organizaciones menos formalizadas) a lo largo de los últimos años.

De estos tres aspectos, es quizá la consecuencia económica del desarrollo del principio de la protección y promoción de la diversidad cultural (o, dicho en positivo, riqueza cultural, en lugar de diversidad cultural) el que adquiere mayor relevancia y que, de alguna manera, incluye también sus aspectos jurídicos y políticos.

Si los ciudadanos tienen derecho a que se respete su diversidad cultural y lingüística, la consecuencia lógica es que hay que arbitrar fórmulas para que esto pueda ser realidad y, para ello, es necesario legislar en este sentido, conceder ayudas para que las diferentes culturas puedan subsistir y desarrollarse y protegerlas de las agresiones de una concepción demasiado economicista de los productos y servicios culturales, al ser considerados como cualquier otra mercancía. Se trataría, por tanto, de aceptar que, debido a su especificidad, los bienes y servicios culturales no son una mercancía que deba quedar sujeta exclusivamente a las leyes del mercado. Deben estar excluidos de las reglas de liberalización de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (de ahí «excepción cultural»), al igual que, por ejemplo, la sanidad pública.

Igualmente, la protección de la diversidad cultural, la «excepción cultural», supone reconocer que los Estados están facultados para, respetando a los demás, organizar sus políticas culturales de acuerdo con sus intereses y objetivos, lo cual implicaría potenciar y conceder ayudas públicas a las industrias culturales, aunque esto no concuerde con la libre competencia.

No aceptar esto, al atribuir a los bienes y servicios culturales las mismas características de cualquier mercancía y, por tanto, estar sujetos a las leyes del mercado y de la libre competencia, implicaría la necesidad de desmantelar los sistemas de ayudas públicas a la cultura, lo cual podría tener consecuencias imprevisibles en el ya muy precario equilibrio internacional existente.

Hay que señalar que este debate tiene una importancia capital para España, en primer lugar porque nuestro país es culturalmente diverso, y esta diversidad tiene reconocimiento constitucional, y, en segundo lugar, porque España es, de algún modo, un eje del «sistema cultural iberoamericano» que integra y da cabida a una rica y extensa variedad de culturas.

El núcleo de todo este debate que se ha venido desarrollando en la Unesco, ha culminado con la adopción de la «Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales».

Esta Convención fue aprobada el 20 de octubre de 2005, en el pleno de la 33ª Conferencia General de la Unesco, por 148 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y cuatro abstenciones (Australia, Nicaragua, Honduras y Liberia), y se encuentra actualmente en proceso de ratificación. 

Para todos aquellos Estados partes, entre los que se incluye España, que depositaron sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el 18 de diciembre de 2006 o con anterioridad, la Convención entra en vigor el 18 de marzo de 2007, tres meses después de la fecha en que se depositó el trigésimo instrumento. 

Esta Convención es el instrumento internacional que sanciona jurídicamente una aspiración política de numerosos sectores e instituciones del mundo cultural, reforzando la idea de que la diversidad cultural debe considerarse como "patrimonio común de la humanidad".

El texto reafirma el derecho de los Estados a elaborar políticas culturales tendentes a proteger y promover la diversidad, y a crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar e interrrelacionarse libremente. Establece principios que garantizan que ninguna medida destinada a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales vaya contra los derechos humanos y libertades fundamentales. Reconoce un papel esencial a la sociedad civil como sujeto de la diversidad de las expresiones culturales y concede especial importancia a la promoción de la cooperación internacional con los países en desarrolo mediante la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural.

El 18 de junio de 2007 ha comenzado la Conferencia de las Partes, primer paso para aplicar y desarrollar la Convención.  La primera medida adoptada ha sido la elección del Bureau Director de la Convención, formada por un Presidente, cuatro Vicepresidentes y un Relator. España ha obtenido una de las Vicepresidencias, lo que supone un reconocimiento expreso al compromiso y actividad a favor de la Convención desarrollados por el gobierno español a través del Ministerio de Cultura.

El mandato del Bureau se extiende desde la sesión de apertura de la actual Conferencia de las Partes hasta la próxima reunión ordinaria, prevista para junio de 2009. De ahí la importancia del papel adjudicado a España, ya que del trabajo que se despliegue en los dos próximos años dependerá el grado de eficacia en la aplicación de la Convención.     



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